Tres reglas generales: tres puertas abiertas para perjudicar a las víctimas de los accidentes de tráfico

 Comentarios y opiniones sobre algunos aspectos del nuevo baremo de la Ley 34/2003, para la indemnización de secuelas por accidentes de tráfico.

  1.-    Introducción

 El término baremo  significa “cuaderno o tabla de cuentas ajustadas”. Ajustar  quiere decir “acomodar una cosa a otra, de modo que no haya discrepancia entre ellas”;  en cualquier caso, el baremo ha de reducir al mínimo esa posibilidad de desacuerdo; su redacción ha de situarse a esa altura.   En consecuencia,  el baremo debe de  ser  amplio, claro, preciso, concreto,  de manera que su proyección pueda cumplir el fin previsto.

 No se puede desconocer que los conceptos han ser lo suficientemente flexibles para que se puedan poner en   armonía con unos principios  (coherencia, racionalidad, la justicia, el bien común...)  en atención a las personas y  sus situaciones.

 Como principio nadie duda de que “los baremos definen muy vagamente las secuelas y preconizan horquillas con frecuencia demasiado amplias, tanto que los baremos carecen de verdadero rigor científico y sus tasas son simplemente puntos de referencia aproximativos” (BARROT). La propuesta del baremo es siempre apriorística, y más tratándose de lesiones corporales, considerando  la secuela con vocación genérica. Y las personas, en su  variedad y riqueza de matices, se adaptan mal, en gran número de ocasiones,  al rigor cartesiano.

 En conexión con el párrafo anterior, los baremos tampoco pueden prever las concreciones del enfermar, incidencias, evolución, ciertas complicaciones, esto es, las distintas situaciones personales. Aunque hay quienes los defienden a ultranza,  guiados por criterios sin ningún valor técnico, constituyen un medio tosco, difícil  en gran número de casos de compatibilizar con una actividad médica medianamente satisfactoria: a lo sumo, en algunos casos, opera sobre lo más común, lo más grosero.  Y a partir de es denominador común, igualmente el sentido común entiende que se han de agregar nuevas “fracciones” a ese cuadro general, atendiendo  los casos en su manifestación particular.

 

2.-  Baremo de secuelas y protocolo de actuación médica

 Dentro de la definición  de baremo antes enunciada, debe considerarse además la que se expresa como “conjunto de normas para evaluar una situación”, lo que lleva  a remitirse a unas formas y modos de actuación, que, para la cuestión que se  está planteando,  se traduce en  que para llegar a esa evaluación se han de acatar  unos protocolos.

 Resulta imprescindible que se fijen unos protocolos de actuación mínima para la exploración de los lesionados, con el fin de saber, entre otras cosas, si el médico en cada caso la ha hecho acatando un procedimiento en buena praxis. 

 De la misma forma que en derecho es esencial respetar esa  vía  que la ley marca para cada tipo de procedimiento, no lo ha de ser menos en la actuación facultativa.  Buscando cierta analogía conceptual con lo que se entiende en derecho como procedimiento, esos protocolos han de servir para saber si el médico para conocer los hechos, en este caso de naturaleza clínica, en la “instrucción” del informe clínico, lo ha hecho siguiendo el cauce adecuado con el fin de poder resolver en el terreno que le es propio, exigencia imprescindible al mismo tiempo para el esclarecimiento de esos mismos hechos en el curso del debate jurídico, y para que el juez puede tener elementos de juicio bastantes como para poder resolver en derecho.

 Se tiene la impresión de  como en determinados medios la  “valoración del daño  corporal” se quiere canalizar por “circuitos” diferentes al hacer médico tradicional, y cada vez más.   Obsérvese como en este campo  se huye o hay resistencias a manejar el término enfermo, paciente,  prefiriendo acudir al de “lesionado”, como queriendo indicar otra cosa, en la pretensión de  quitarle importancia, en una aptitud frívola ante los daños personales a consecuencia de los accidentes de tráfico

 

3.- Una reforma restrictiva en perjuicio de los derechos de las víctimas,  junto a un debate político  precario

La congregación de sabios, de “marañoncitos”,  que han intervenido en la elaboración  del baremo Ley 34/2003 parece que no se ha esforzado mucho, o quizá sí. No se nota la presencia, la interveción,  de las sociedades científicas correspondientes a cada vertiente especializada con la que hay que relacionar tal baremo.

“Graciosas” resultan ciertas opiniones sobre “la necesaria modificación del baremo”, al entender que “se hace necesaria una revisión del contenido del baremo, dada la necesidad de disponer de una herramienta objetiva, que además esté consensuada por el mundo de la Medicina, que al fin y al cabo es el que conoce y puede definir los cuadros residuales tras el Daño Corporal sufrido”.  “Nos consta que gracias al mecenazgo de la patronal aseguradora UNESPA, existe una voluntad positiva para su realización ...” (Método 3, mayo/2003).  ¡Que adhesiones!  ¡Cuánta ingenuidad malsana!

Repárese igualmente en el siguiente texto, también gracioso si se quiere, correspondiente a la intervención de un activo ministro del anterior Gobierno, ínclito ministro, que sigue al servicio del gran capital:  “La modificación que planeta el Gobierno en las valoraciones se justifica en la necesidad de mejorar determinados aspectos de la tabla de valoración de daños personales como consecuencia de la experiencia que se ha adquirido a lo largo de los años, tanto en lo que se refiere a la sistematización y aclaración de las reglas básicas de aplicación como de las secuelas siguiendo estandares internacionales y su valoración a la luz del estado actual de las prácticas médicas”.  “Por un lado se han ajustado las valoraciones técnico-médicas de algunas secuelas en función de su levedad o gravedad y a su vez de los avances médicos quirúrgicos para su restauración, según el carácter permanente o temporal de la misma y atendiendo a la clasificación internacional de las enfermedades reconocida por la Organización Mundial de la Salud” (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Pleno Dip. Perm., nº 267, 98.97.03).  ¡Cuánta barbaridad junta!

 

Tampoco se pudo apreciar mucho interés, menos conocimiento todavía, ningún entusiasmo, ninguna altura,  durante la discusión del proyecto en los representantes de los distintos grupos políticos. Claro que para responder hay que contar con argumentos, su estudio y preparación, y, evidentemente, estar presente y  despierto.   Tanta moqueta relaja mucho a sus  señorías.

 

No obstante desde determinados ámbitos profesionales se  advirtió la importante rebaja de la indemnización por lesiones y secuelas que el Gobierno anterior proyectaba con los cambios de la Ley de Seguros privados, de 1995:  “La ley actual establece 621 valoraciones de secuelas que el nuevo proyecto reduce a 476. Se eliminan 99 epígrafes –los otros se equiparan a ya existentes- pero, además, en 199 valoraciones se reduce la puntuación –a más puntos, más dinero- con respecto a ahora y son secuelas frecuentes. La valoración sólo aumenta en 33 casos. Es un balance muy perjudicial para los potenciales beneficiarios” (PEREZ TIRADO,  2003, La Vanguardia digital).

Aún siendo muy insatisfactorio el baremo anterior (ley 30/95) el actual lo  es todavía mucho más.  Dadas las resoluciones previas y lo dispuesto en el ordenamiento español  actual (que no europeo) el baremo es un elemento básico para la aplicación de la Ley.  La  deseable aplicación de los  Principios de la Resolución 75-7 de Comité de Ministros del Consejo de Europa, relativa a la reparación de los perjuicios por lesiones en caso de daños corporales, se hace esperar, con el fin de alcanzar una armonización de las reglas jurídicas entre los  distintos Estados de la Unión Europea.

 La reforma operada en la actualidad supone un auténtico corsé que restringe  el derecho a la obtención de una indemnización justa  a las víctimas de un accidente de tráfico con secuelas, dejando maniatadas a sus defensas en gran número de casos. La modificación de la Ley  supone una merma de “la capacidad de maniobra indemnizatoria” (FERNANDEZ ENTRALGO).  Las secuelas en su conjunto han experimentado un decremento porcentual importante. Dado que las secuelas más comunes se valoran menos, aun cuando algunas de las más graves (mucho menos frecuentes) ahora se valoran más, el resultado es que las entidades aseguradoras van a ahorrar hasta un 40% en sus compensaciones económica, es decir se trata de ganar más  [1]. “Estas reformas, en su mayoría, favorecen a las aseguradoras, y, sin embargo, no se tocan los grandes problemas, como la indemización por muerte y el lucro cesante” (FERNANDEZ ENTRALGO).

 

Claro          que no faltan quienes  todo lo justifican con manidos ya insulsos argumentos, como “dura lex, sed  lex”;  dura lex, sed servanda”...  No obstante, la ley y sus instrumentos de aplicación han de servir a las personas; la Justicia ha de ser razonable y estar a la altura de la realidad  social en cada momento histórico, de lo contrario se convierte en pura entelequia.

 

4.-  Un “amasijo” de términos médicos con una semántica perversa.  Un alarde de “ingeniería financiera”. La  ausencia de sistema

La ley actual (Ley 34/2003), en cuanto a las modificaciones introducidas, se remite en su artículo tercero, punto tres, a la “Clasificación y Valoración de Secuelas”  pretendiendo ser un Sistema  (“Sistema para la valoración de daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación”). 

Pero el texto redactado en absoluto   puede considerarse un sistema, entendiendo por  tal “un conjunto de principios sobre una materia entrelazados entre sí”.  Un sistema ha  de responder a un “conjunto estructurado de conceptos, procesos o proposiciones científicas”, mostrando una “coherencia  interna”   en relación con los conocimientos de una ciencia  (técnicos, médicos en este caso).

 Tratándose de daños corporales en las personas (lesiones, secuelas) los principios han de estar en armonía con la disciplina que ha de inspirarlos, en este caso con la medicina,  lo que  obliga a un ejercicio en buena praxis, lo que a su vez lleva a seguir un método, que si en general este último se entiende como “el orden que observamos para evitar el error y encontrar la verdad” (BALMES) ahora en particular tal método ha de ir encaminado a coordinar el pensamiento científico y técnico del experto, a partir de la formación de “conceptos e ideas, juicios y raciocinios”.

 Buscando este orden, las consecuencias dañosas de las fracturas han de contar con una  información básica colacionando los conocimientos técnicos propios de este campo del ejercicio de la medicina, recogiendo todas  y cada una de las secuelas más frecuentes de cada una de las distintas fracturas en la manera que vienen recogidas en los distintos tratados  de traumatología  y patología quirúrgica, hechos clínicos para construir de forma seria una base jurídica para la reparación del daño corporal, para la evaluación del perjuicio. Tal exigencia en absoluto ha sido atendida por  aludido “sistema”.

Por ello el baremo de la  Ley 34/2003, lejos de ser un sistema, se conforma como un entramado, una amalgama (un “amasijo”) de vocablos médicos para la cuantificación de las consecuencias indemnizatorias de lesiones y secuelas por hechos de la circulación, pensado desde criterios “economicistas”, en beneficio de la codicia de unos, en detrimento de los derechos de otros. Más que una “herramienta  objetiva” para la valoración de los daños corporales parece que se ha buscado introducir  un nuevo “útil de trabajo”, en atención a la “experiencia que se ha adquirido a lo largo de los años”, pensando unicamente  en aligerar los costes  del sector de las entidades aseguradoras, con un claro perjuicio para los lesionados del tráfico, en definitiva, para las víctimas de los accidentes.

 

 

5.-  Un texto confuso en “formato comprimido”.  El “gran paraguas” que todo lo tapa: las “algias postraumáticas”.

No se entiende muy bien por qué se ha publicado un baremo que en nada resulta clarificador, que en nada resulta una “herramienta objetiva”, todo lo contrario,  viene a sembrar mayor confusión en este sector, lo que sin duda propiciará mayor disparidad en las actuaciones judiciales, pues sus dificultades interpretativas llevan a que se fomenten líneas de opinión y trabajo distintas,  y hasta  que lleguen  a una situación de una “reprochable impresión de incertidumbre”, de inseguridad jurídica, con variaciones de  la cuantía del monto indemnizatorio según las salas de apelación, pudiendo entonces  cobrar de nuevo vigencia las palabras de denuncia en su momento formulada  por el profesor LIENARD (Zurich, 1971)  cuando se refirió a  “la  confusión y la anarquía  misma de las soluciones  en presencia no sólo de tomas de posición divergentes de las jurisprudencias nacionales, sino incluso en el interior de cada una de ellas aisladamente consideradas, en la manera de juzgar de tal tribunal, incluso de tal magistrado individualmente”.

Sí bien la publicación del texto que ahora se combate data del 05.11.03 (B.O.E. 05.11.03. nº 265) es desde fechas recientes, y en adelante cada vez más, cuando se empiezan a notar las contradicciones que encierra, los problemas que en la práctica plantea, conduciendo a las víctimas de los accidentes a liquidaciones indemnizatorias frecuentemente irrisorias. En los accidentes de tráfico anteriores a la fecha referida, en general,  se viene aplicando el baremo  de la ley 30/95 (18.11.1995), aunque algunos adelantados hayan buscado entender otra cosa.

Desde una lógica inspirada en criterios de coherencia e integridad,  de servicio a la ciudadanía,  a la Justicia, algunos no entienden los motivos que han llevado a esta reforma. Otros quizás si lo hayan comprendido. Y otros quizá también, desde su cinismo,  celebren la ambigüedad de un texto que fomenta la confrontación.  Pero en cualquier caso se precisa un mínimo de seguridad jurídica.  Esa misma lógica lleva a pensar que la revisión del contenido del anterior baremo habría de buscar su mejora, y siempre descansando en un fundamento técnico adecuado.

La pobreza expositiva del baremo actual (Ley 34/2003,  BOE 05.11.03, nº 265),  aunque parece que va a generar mucha más riqueza para unos pocos, determina, necesariamente, que para la aplicación correcta de la Justicia se haga más necesaria, imprescindible,  la intervención activa del arbitrio judicial.  En el mismo baremo se puede apreciar cómo secuelas frecuentes en los accidentes de tráfico  (así, los daños afectan al cuello) lejos de ser tratadas con el detalle que se merecen, precisamente para facilitar el trabajo de los jueces, se han eliminado, comprimido en la práctica muchas de ellas, dando lugar a situaciones de confusión en el momento de aplicar tal o cual epígrafe. Se ha sembrado la incertidumbre con expresiones técnicamente poco logradas.

En  lo exigible dentro de un rigor clínico,  en tanto a secuelas   ¿qué es eso de “algias postraumáticas”?; un  “cajón de sastre” para arrinconar de forma “inmisericorde” patologías que en la mayoría de los casos responden  procesos clínicos concretos, cuyo etiquetado requiere un esfuerzo diagnóstico profundo y competente.  Repárese que decir “algias” (= dolores), no define nada, se remite únicamente a un síntoma, en un lenguaje difuso, sin valor clínico cuando no se acompaña de otras actuaciones médicas y exploratorias. Es, en definitiva, el recurso del “camino ancho”, muy propio de los indocumentados o de los que no tienen interés en documentarse.

 

Al arbol  se le conoce  por los frutos

En una reciente senetencia, ante el diagnóstico del médico forense de “cervicalgia” y  “lumbalgia”, el juez de instancia  asimiló tal estado nosológico al epígrafe “algias  postraumáticas” con una calificación de 2 puntos, entendiendo que tal epígrafe se había de aplicar una sola vez, tanto que los “2 puntos” eran suficientes para valorar las secuelas cervicales y lumbares, esto es, los dos puntos valoraban de  forma conjunta ambas secuelas.  Y es que  este planteamiento “economicista” puede ser  explicado por algunos, y argumentado “con la Ley en la mano”,  aunque se decanta por la vertiente cicatera (muy en consonancia con la avaricia de otros). Y es que también en el presente  baremo el epígrafe “algias postraumáticas” esta incluido bajo el título de “columna vertebral y pelvis”, tanto que, por un lado ese epígrafe se inscribe en un malévolo plural (“algias”), y por otro  lado tales algias se reconducen a la “columna  vertebral y  pelvis”. Así en el caso de que junto a las secuelas   referidas (cervical y lumbar), si las mismas confluyeran con daños residuales a nivel dorsal (“dorsalgia) y en la pelvis, en forma de “algias postraumáticas” igualmente  podrían los mismos colacionar tal interpretación. “Donde no distingue la Ley no procede hacer distinciones”.   Pero en realidad se trata de cuestiones médicas diferentes, tanto que la cervicalgia no se ha de emparentar necesariamente con una lumbalgia, más todavía cuando el origen es postraumático. Está tambien claro que una deficiente redacción de la Ley puede llevar a los que no tienen conocimientos técnicos a todo tipo de interpretaciones. Hay que observar que en el actual baremo cuando se remite al cuadro clínico por hernia discal considera de forma independiente los segmentos  cervical, dorsal  y lumbar.  Por otra parte,  en el baremo Ley 30/95, se establecían epígrafes independientes  para cada segmento vertebral,  así: “cervicalgia” (1-5 puntos); “dorsalgia” (2-12 puntos); “lumbalgia” (2-12 puntos); valores que en su conjunto, a partir de una consideración independiente,  superan ampliamente a los que se contienen este epígrafe de la nueva ley (“algias postraumáticas: 1-5 puntos”). ¡Cuanto ahorro!   ¡Que alegría!. Pero hay más.  Tampoco distingue el presente baremo entre “algias postraumáticas”  de componente  “unilateral”  o” bilateral”, cuando tales algias cursan con “compromiso radicular”  (5-10 puntos), en tanto que en el anterior baremo la lumbalgia con ciatalgia unilateral se valoraba entre 5-15 puntos y si era bilateral entre 15 y 20.   Y es que con el nuevo texto legal las  afecciones crónicas  de los distintos segmentos  vertebrales (cervical, dorsal, lumbar), con o sin afectación radicular, han de encuadrarse como “algias postraumáticas”, pero con una valoración en puntos mucho más desfavorable que con el baremo anterior. Tampoco se entiende porque se ha eliminado  en el actual sistema toda referencia a la espondilolistesis vertebral. Parece pues que las “algias postraumáticas” constituyen por si mismas un “gran paraguas” con el que se intenta cubrir todo.

 

 

Ejemplos demostrativos de tal miseria expositiva del repetido baremo, de tanto despropósito,  se podrían poner muchos. Así, entre otros, de las fracturas de clavicula unicamente se recogen tres epígrafes: “luxación acromio-clavicular/externo-clavicular (inoperables)”; pseudoartrosis clavicula inoperable (según limitaciones funcionales)”; “material de osteosíntensis”.

 

Pero la realidad clínica es muy distinta. Basta consultar cualquier texto de traumatología para saber que a raíz de una fractura de clavicula (tan frecuentes en los impactos frontales, con cinemática de aceleración) se pueden presentar, entre otras,  además de las que se acaban de referir, lesiones y secuelas añadidas, que deberían  figurar dentro de ese capítulo (para facilitar la labor de los jueces)  como:

1.- acabalgamiento con acortamiento, que si es grande, origina limitaciones de la elevación y retropulsión del brazo;

 

2.-  callo hipertrófico con posible compresion de vasos y nervios;

 

3.- englobamiento nervioso (lesiones nerviosas del plexo braquial),  parálisis tipos DUCHENNE-ERB, DEJERINE-KUMPLE y síndrome símpatico de BERNANRD-HORNE;

 

4.- Compresión de la subclavia y trombosis segmentaria con síndrome de RAYNNAUD.

 

5.- Síndrome del escaleno o extrechamiento del desfiladero costoclavicualr;

 

6.- sinostosis de la clavícula  con la primera costilla o la apófisis coracoides con limitación, a veces, de la abducción del brazo;

 

7.- artrosis de la articulación acromioclavicular por incongruencia a causa de un callo muy angulado

 

...   Y la Ley calla.

 

En definitiva, el texto del baremo cierto que  puede ser acogido desde varios ángulos de  lecturas, y, en consecuencia se merece más de una interpretación, y más todavía si son interesadas. Pero en cualquier caso pertenece a una disposición legal (Ley 34/2003), y no es el médico, quien ha de hacer interpretaciones jurídicas; tampoco se puede esperar que sea  el perito quien haya de hacer interpretaciones y dicte al Juez (“ninguneándolo”)  la forma de aplicar la Ley.  De ahí, insistiendo en lo dicho, que el baremo haya de ser claro, concreto, preciso y amplio.   Otra cosa son las aclaraciones periciales en el turno correspondiente, que es obvio únicamente han de operar sobre cuestiones particulares, pero nunca en la forma de interpretar con un texto jurídico de carácter general.

Atiéndase por otra parte que la utilización de  analogía (analogía legis, extensible a la analogía iuris) para asimilación de las secuelas no descritas en el baremo con las establecidas en el mismo hay que advertir que este procedimiento de autointegración de las normas del ordenamiento  se inscribe dentro de la genuina técnica jurídica, atendiendo al establecimiento de criterios de “gran semejanza” o “identidad de ratio”. Siempre  ha de invocarse con las restricciones que imponen toda actuación  en términos de cautela y prudencia, por los riesgos que entraña. Obviamente este trabajo interpretativo no puede ser delegado ni permitir injerencias de quienes carecen de tales atribuciones.

 

6.-  Tres “reglas de carácter general” que abonan un terreno resbaladizo hacia del fraude. Tres ejemplos de incoherencia, para perjudicar a las víctimas de los accidentes de tráfico

 

6.1.  Primera:  “La puntuación otorgada a cada secuela, según criterio clínico, y dentro del margen permitido, tendrá en cuenta su intensidad y gravedad desde el punto de vista físico o biológico funcional,  sin tomar en consideración la edad, sexo o profesión”.

Lo “funcional” viene de función, de “funcionar”, esto es, “producir un resultado previsto”,  tanto que el sujeto sea capaz de “desempeñar una función que le es propia”.  Médicamente, el vocablo “función”, que es obvio que va  ligado a la “acción”, se remite a una actividad específica de un sistema, aparato, órgano, tejido, célula u órgano celular. En este orden se puede hablar de “pruebas funcionales” atendiendo a distintos aparatos y sistemas de la economía humana, ejemplo, respiratorio, cardiocirculatorio, muscular,  etc.,  pruebas fisiológicas, que en su resultado normal o patológico, han de referirse al grado de desarrollo del órgano, del individuo, y por lo tanto con su edad y sexo.

Si cualquier estudiante de medicina sabe que “no hay enfermedades sino enfermos”, el sentido común de cualquier clínico le lleva igualmente a entender que en general, y estas que se comentan son “reglas de carácter general”, resulta difícil, por no decir imposible, valorar con criterios clínicos la trascendencia, la importancia, y en definitiva la “gravedad” [2]de una secuela sin proyectar la misma en la persona, pues es esta, y no otra, quien la sufre y padece.

El balance funcional del individuo (de un órgano, de un sistema) indefectiblemente, pues,  va ligado a la edad y al sexo, y, en consecuencia, el menoscabo funcional correspondiente, a raíz de una secuela ha de contemplarse también indefectiblemente en consideración a tales parámetros, entre otros.  Tanto es así que no es posible valorar “la intensidad y gravedad” de una secuela “sin tomar en consideración la edad y el sexo”. Y, evidentemente, tratándose de una reparación integral del daño corporal, se ha de colacionar necesariamente la profesión de víctima dentro del binomio lesion/tarea, con el fin de estimar una posible incapacidad laboral [3]

En sentido general,  la condición biológica del individuo es susceptible de ser descompuesta en aspectos parciales (condición orgánica, fisiológica, motora, nerviosa, psicosensorial, etc.), pero de cualquier modo todos y cada uno  de ellos atendiendo  al sexo y a la edad del sujeto

Siguiendo con ejemplos, no es lo mismo un aplastamiento vertebral en un joven, más todavía un niño,  que en un sujeto adulto, una artrosis postraumática a los 20 años que a los 57;  lo mismo se puede decir una dismetría de extremidades inferiores, niño/adulto, una restricción ventilatoria, etc., puesto que el desarrollo órgano funcional va a venir condicionado por la secuela, tanto más cuanto más temprano incida en el sujeto [4]. Con frecuencia el médico le ha de decir al enfermo, siempre con fundamento,  preocupado, a veces angustiado, por  su estado, que “esto a su edad tiene poca importancia” o “no tiene importancia”, o todo lo contrario

6.2. Segunda:  “Una secuela debe ser valorada una sola vez, aunque su sintomatología se encuentre en varios apartados de la tabla, sin perjuicio de lo establecido respecto del perjuicio estético. No se valorarán las secuelas que estén incluidas y/o deriven de otras, aunque estén descritas de forma independiente”.

Del texto anterior la proyección del pronombre posesivo resulta preocupante. Al decir “su sintomatología”, ¿se ha de entender la sintomatología de una determinada secuela, o la sintomatología de una  segunda  secuela,  que viene a coincidir con la de una primera?. La cuestión no es baladí, pues el regate dialéctico en el curso de una vista pueda dar mucho de sí. Créanlo, hay resoluciones judiciales sorprendentes.

La secuela  no se puede reducir a la sintomatología, y el texto transcrito induce a que algunos, poco ilustrados, confundan la secuela con la sintomatología. En consecuencia, la valoración del daño no puede detenerse ahí. Con harta frecuencia el cuadro sintomático se confunde con la realidad lesional, se asimila el sindrome al síntoma, prescindiendo del signo clínico. Apréciese como en el texto legal que ahora se combate cuando se remite al  “síndrome postraumático cervical” únicamente recoge síntomas  (“cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas”).

El mismo  texto pone  especial acento en el síntoma, aspecto clínico ligado al subjetivismo del enfermo, lo que viene a plantear ya de entrada dificultades para la valoración correcta, más aún cuando tales síntomas no se recogen junto a unos signos clínicos, colacionados con  unas pruebas instrumentales de obligado cumplimiento, de aportación inexcusable en esa “instrucción” del informe médico. De ahí, insístase una vez más, la necesidad de instaurar un protocolo de actuación médica. De lo contrario, eludiendo tan necesaria  exigencia, dificulta, hasta hacerla imposible, la labor pericial, abocándola tantas  veces a una discusión técnica estéril.

Síntomas y Signos clínicos constituyen el Síndrome, y su configuración  a de ha de discurrir utilizando la técnica adecuada (semiotécnia, o técnica para recoger síntomas y signos clínicos). Adviértase como secuelas distintas, con sintomatología semejante, parecida, responden a realidades patológicas muy diferentes, con consecuencias orgánicas y funcionales, para la salud del individuo, diferentes.

Conviene saber también que hay secuelas que una vez instaladas, producen otras nuevas secuelas, pero no por un mero efecto sintomático, ni tampoco por una complicación nuclear de la secuela primitiva, sino por un daño estructural añadido, por una  “desestructuración” en ese mismo sistema o en otro, lo que evidentemente obliga a valorar tal “desestructuración” como una secuela más, provocada por a incidencia de la primera, a veces de mayor severidad que la que la que la origina, dependiendo de los condicionamientos biomecánicos propios de cada caso, insultos y agresiones a las estructuras de vecindad y aún distantes, dado que, como se ha dicho en otras ocasiones, “toda fuerza o carga aplicada sobre un cuerpo hay que analizarla bajo los aspectos de su incidencia, asimilación, distribución y traslación”  (HERNANDEZ CORVO),

Por ejemplo, una fractura de clavícula con una consolidación viciosa puede dar lugar a un proceso cervical (por el efecto desestabilizador que incide sobre el músculo esternocleidomastoideo (más correcta, dadas sus inserciones anatómicas, es la denominación de esternocleidooccipuciomastoideo, KAPANDJI)  perturbando tanto la estática como la dinámica de la biomecánica vertebral.  La pérdida de determinadas piezas dentarias igualmente puede desencadenar patología cervical (el desequilibrio del sistema muscular agonista/antagonista provoca alteraciones del sistema propioceptivo que informa a nivel central (cerebral). Ya sabe el lector, si no quiere que le duela el cuello, ¡cuide sus dientes!. Un acortamiento de una extremidad, adquirido a modo de secuela a raíz de un hecho traumático, puede igualmente determinar, serias lesiones en el ráquis en general y en el eje lumbopélvico en particular, instaurándose después daños orgánicos y funcionales irreversibles (secuelas) con distintos niveles de severidad, más todavía cuando  inciden en las fases iniciales del desarrollo de la joven  persona.

Pero el texto legal parece que no deja opciones, ya que “no se valorarán las secuelas que estén incluidas y/o deriven de otras, aunque estén descritas de forma independiente”. Y esto si que se dice claro, por muy aberrante que parezca. 

Así, volviendo a la fractura de clavícula, en caso de que esta provoque lesiones nerviosas del plexo braquial (contusiones, desgarros e incluso sección), deje como secuela  una parálisis del plexo braquial  cabe que tal parálisis no se considere en la proporción que se merece (entre 30 y 55 puntos, según niveles de afectación)  ya que es innegable que a modo de secuela deriva de  la fractura de clavícula, quedando la valoración muy por debajo de dicha puntuación. Supóngase que el  callo de fractura hipertrófico de la clavícula [5] lesiona por compresión casos y nervios; parece ser, según el texto legal, que tales consecuencias tampoco  se consideran,  pues “no se valorarán las secuelas que estén incluidas y/o deriven de otras, aunque estén descritas de forma independiente”.

Siguiendo con el plexo braquial  (no vean cuan escurridizos se muestran algunos ante tal secuela, comparable a los reparos que los mismos observan ante los traumatismos de cráneo; ¡es cara!) su lesión por luxación o fractura a nivel de la articulación del hombro en no pocas ocasiones es atribuible a traumatismos esqueléticos,  como cuando el plexo se ve afectado, distendido, comprimido, contusionado o lacerado por la cabeza luxada del humero (“luxación de húmero”) o por una esquirla de hueso fracturado (LEFFERT, SEDON, 1965; BROWN y  NAVIGATO, 1968). Tambien aquí la  secuela del plexo se “deriva” directamente de la luxación traumática del hombro, con la posibilidad de que se plantee el mismo problema antes señalado.

Otra caso seria el de las secuelas que dejan un aplastamiento costal  (“fractura de costilla”, dice el baremo)  que por un lado provoca, además, por un lado una insuficiencia respiratoria restrictiva y por otro una escoliosis [6] (“alteraciones de la estática vertebral”),

 Está claro que los hay que con frecuencia se resisten a admitir que “aquellos polvos trajeron estos lodos”, y ahora, los mismos,  tienen una argumentación elevada al rango de Ley.

 

6.3.  Tercera: “Las denominadas secuelas temporales, es decir, aquellas que están llamadas a curarse a corto o medio plazo, no tienen la consideración de lesión permanente, pero se han de valorar de acuerdo con las reglas del apartado a) de la tabla V, computando en su caso su efecto impeditivo o no y con base en el cálculo razonable de su duración, después de haber alcanzado la estabilidad lesional”

 Se aprecia aquí un error de conceptos. La temporalidad, técnicamente,  contradice la idea de secuela, por cuanto esta misma se define como un daño estable, irreversible, no susceptible de mejoría en ciencia, esto es, la secuela supone una lesión permanente, irreversible.  En otras palabras, la secuela constituye  un estado último que en su ciclo evolutivo alcanza la lesión, tanto es así que a partir de ese momento ya no es previsible médicamente una mejoría con el recurso a cualquier terapéutica activa [7].

Además  el texto podría ser mal aplicado, entendiendo:

Cuando se dice  “computando en su caso su efecto impeditivo o no y con base en el cálculo razonable de su duración”, algunos desaprensivos,  querrán proponer  altas de forma precipitada, en casos de procesos de larga duración, en el entender “razonable” de esos mismos, ante patologías que requieren tratamiento prolongado (y que evidentemente suponen el correspondiente desembolso económico por parte de la entidad aseguradora responsable), pero que de cualquier modo el avance médico permiten entender que la víctima tendrá un resultado satisfactorio en la aplicación correcta de las medidas terapéuticas propuestas, con una conducta perseverante.

Esa idea de “secuelas temporales” puede que sirva para  desvirtuar la naturaleza de la verdadera secuela, situaciones que lejos de tener un carácter temporal se definen por sí mismas como definitivas, permanentes, irreversibles, que lejos también de mejorar en el tiempo experimentan un empeoramiento progresivo. Cuando el texto legal dice  que tales “secuelas temporales” “están llamadas a curarse a corto o medio plazo, no tienen la consideración de lesión permanente”, se ofrece un texto apto para argumentaciones viciosas, pretendiendo bordear la legalidad.

En definitiva, invocando el texto referido algunos intentarán, por una por una parte, acortar al máximo el tiempo de incapacidad temporal (con “cálculos razonables”), y por otra parte, no indemnizar al lesionado por la secuela, ya que es “temporal”, llamada a “curarse a corto medio plazo”, por lo que  si no quedan daños residuales no hay nada que indemnizar, pues no hay secuela.

  Por todo ello, y como siempre se ha de hacer en cualquier actuación médica, cuando es posible, la prudencia exige que en estos casos la decisión se tome ante situaciones de hechos consumados.  Esto es, el alta del paciente no se producirá si “no ha agotado todas las posibilidades terapéuticas” (coletilla  muy frecuente en los expedientes de la Seguridad Social, también muy frecuentemente,  cuando se deniega el derecho a prestación por  incapacidad permanente, con un lacónico NO)  manteniendo al enfermo en situación de baja temporal el tiempo que sea necesario.

 Y si las “secuelas temporales” “están llamadas a curarse a corto o medio plazo” (en atención a “los avances médico quirurgicos para su restauración”, como expuso el aludido ministro, durante su  intervención en el Congreso)  habrá que esperar a que tan feliz desenlace ocurra, más aún cuando se asegura  que dichas “secuelas temporales”  “no tienen la consideración de lesión permanente”.  Se entiende fácilmente que  el encuadramiento de un daño a la salud e integridad órganofuncional del individuo dentro de la categoría de secuela no puede ser desvirtuado con planteamientos especulativos, tan al uso  en los que viven instalados en la arrogancia de su “ojo clínico”, en “consultas de pasillo”,  desgraciadamente sin fundamento técnico, aunque con mucha carga de paternalismo  irresponsable,  con alusiones  como “eso no es nada, ya te pasará con el tiempo”; “es cuestión de paciencia, hijo”.

 

7.- Lesiones del raquis en general. Lesiones cervicales por accidente de tráfico.  Difuminación y laminado.

 7.1- Lesiones del raquis en general.

Igualmente deplorable es el tratamiento que la Ley da a las lesiones discales en el raquis  (hernia, protusión discal)  con una rebaja   ostensible  para su valoración médica vía baremo y para su posterior calificación jurídica. Si en el anterior baremo (Ley 30/95) esta previsto que la puntuación en caso de “hernia o protusión” fuese de  “5 a 15 puntos”, el actual baremo  se muestra cicatero en extremo, al mismo tiempo que se  aprovecha de la introducción de un plural mezquino, pues establece “cuadro clínico derivado de hernia/s o protusión/es operadas o sin operar; se considerará  todo el segmento afectado de la columna (cervical, torácica, lumbar):  1-15”.  Marco tan genérico opera desde un “reduccionismo” lamentable,  prescindiendo   de la distinción entre el daño orgánico y el daño funcional, tanto que el daño anatómico no puede hacer abstracción  del daño funcional;  el menoscabo orgánico no se puede absorver involucrándolo únicamente como menoscabo funcional[8].

 Pero para abundar más en la tendencia restrictiva del nuevo baremo ni siquiera se  estima el daño orgánico en su auténtica dimensión. Varias hernias en un mismo segmento vertebral son varias secuelas, no una secuela, con consecuencias patomecánicas distintas según el nivel de afectación y el grado de compromiso radicular.  Y de esta forma si  “una secuela debe ser valorada una sola vez”, habrá que indemnizarla como tal. Pero  al  decir  “se considerará todo el segmento afectado de la columna (cervical, torácica, lumbar)”, esto en la  práctica  (más todavía si se compara con el baremo de la ley 30/95) se va a traducir en que  unas secuelas  en un segmento de la columna  (así varias hernias discales lumbares, o cervicales)  pasaran a  valorarse como una hernia, tanto que  “unas secuelas” quedaran, subsumidas, reducidas a “una secuela”; una secuela representa al resto, como parece que pretende ahora la Ley.

Además, la expresión “cuadro clínico derivado de hernia/s, protusión/es”, en singular   (cuadro clínico) es inadecuada clínicamente, por lo tanto incorrecta. Aquí no vale acogerse al argumento de la “comodidad discursiva”, más todavía cuando el problema tiene repercusión en el ámbito pericial. Hay que medir los términos. En realidad cada afectación discal determina un cuadro clínico propio, especialmente ligado al nivel de interferencia motora, esto es, según la altura del espacio neurológico comprometido. Por lo tanto si se ha de considerar el segmento (ya cervical o/y lumbar, por ejemplo), habiendo más de una hernia en cada uno de esos segmentos, habrá  que pluralizar, y en consecuencia no decir “cuadro clínico”, sino “cuadros clínicos”. Por ello, resulta desacertado, en el mismo orden pericial,  la expresión que contiene la Ley cuando dice “se considerará todo el segmento afectado (cervical, torácica, lumbar)”. Así, en el segmento cervical no es el mismo “cuadro clínico” una compresión radicular a nivel C5 que C8; tampoco resulta igual  la afectación en el segmento lumbar de S1 que de L4.

Es cuestión de tiempo, ya vendrán más rebajas, con hernias discales a “un puntito”[9]. Hay que temer la eventualidad de una nueva reforma (de una futura y nueva “vuelta de tuerca”) a medida que el “sistema” cobre firmeza poco a poco  se irá también envalentonando.

 

7.2 . Lesiones cervicales por accidente de tráfico.

Las lesiones cervicales  por accidentes de vehículos a motor (CAD –cervical, aceleración/deceleración- AVM) dada su enorme frecuencia, “el dolor cervical es al automóvil lo que el dolor lumbar es para el mundo del trabajo” (Grupo de trabajo Quebec, 1995), en progresivo aumento en los últimos años (de elevado coste para las aseguradoras)  y en particular el “whiplash” (latigazo cervical), dadas ciertas particularidades de diseño de los vehículos actuales (AVERY, 2000), incluyendo las colisiones a baja velocidad (entre 8 y  16 kilómetros/hora) merecían otro tratamiento, en la lógica que preside esta exposición,  pensando en la “necesidad disponer de una herramienta objetiva” y de “definir los cuadros residuales del daño corporal sufrido”. No se contiene tampoco en el “sistema” ninguna referencia a las  subluxaciones vertebrales, lo que particularizado ahora para el segmento cervical, en los impactos por aceleración es muy  lamentable, pues siguiendo la línea del baremo actual se conforma y queda detenido en el síntoma clínico, lo que evidentemente merece otra atención clínica, pues ya se sabe que trastornos de la alineación vertebral milimétricos (3,5 mlm por encima de C4 y 2 mlm por debajo de C4) pueden ser significativos y cursar con trastornos nada desdeñables[10].

 “La expresión  latigazo cervical  (whiplash)  se remite a un mecanismo lesional; en absoluto conforma un diagnóstico (KRÄMER, 1986). Sus consecuencias no pueden quedar diluidas en etiqueta diagnostica tan genérica como la  “cervicalgia”, marco que hay que llenar de contenido. Es preciso ahondar en esa referencia sintomática, indagando su alcance en el enfermo. Obliga esto a un examen riguroso unido a un   protocolo de exploración instrumental, disciplina  que no puede eludirse guareciéndose en  el manido e inconsistente argumento de que “la clínica no lo justifica”, cobrando  mayor ligereza  cuando el lesionado muestra persistencia en sus manifestaciones a raíz de los hechos del tráfico en cuestión.

 En los accidentes por vehículos a motor (AVM), las colisiones a baja velocidad  (CBV, low speed collisions),  sin daños en el vehículo o mínimos, relaciónados con el latigazo cervical, es problema mal conocido en nuestro país,  del que apenas se habla, en especial en foros alineados  con “esa otra medicina”. Tampoco  es infrecuente que se distraigan como insignificantes “golpes de chapa”, olvidando al ocupante.

 No obstante son fuente de progresiva preocupación para otros, con abundante literatura científica. Sus consecuencias lesivas son mayores y más frecuentes en los automóviles actuales que en los de hace unos diez años  (AVERY, 2000). Está demostrada su patogénesis al menos a partir de impactos a 8 kim/h (McCONELL, 1993, 1995). El problema de las CBV es poco comprendido por muchos médicos, mostrándose vacilantes para tomar una decisión (MELTON, 1998), tanto que hay abogados que se acobardan para hacerse cargo del asunto  sin daños en el vehículo (CROFFT, 2001)” [11]

  

Sin embargo la columna cervical propiamente dicha cuenta con dos escuetos epígrafes: “limitación de la movilidad de la columna” (1-15 puntos);  “síndrome post-traumático cervical (cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas)” (1-8 puntos). Es aquí donde la  “difuminación” y “laminado” de las secuelas toma especial relevancia.

 El epígrafe “síndrome post-traumático cervical” no esta desprovisto de interrogantes. Así,  ante un estado  clínico post-traumática, el enunciado que figura en el paréntesis, “(cervicalgia, mareos, vértigos, cefaleas)”, ¿se ha de tomar con carácter taxativo o meramente orientativo?

 El carácter genérico del enunciado aludido, “síndrome post-traumático cervical”, constituye una referencia vaga e imprecisa, impropia una actuación clínica rigurosa en conexión con  espíritu que debe presidir una baremo, tanto que muchas veces corresponde a procesos  patológicos distintos, “cuadros clínicos” con personalidad propia,  con una patogénesis lesional, un mecanismo accidentológico tantas veces ligado a la cinemática de cada impacto en singular, dejando en ocasiones secuelas severas. Por ejemplo, entre las consecuencias del latigazo cervical se comprueba que en “un diez por cien de los casos el dolor es constante y severo” (Mapfre, Jornadas sobre el Latigazo Cervical,  Barcelona, 22,02.2002).

 En este orden el espectro clínico del whiplash  es muy considerable y amplio, pudiendo cursar con:

  

Dolor en el cuello

Dolor en el cuello irradiado a hombros o/y brazos (cervicobraquialgia)

Dolor de cabeza

Dolor en la parte baja de la espalda

Síndrome del estrecho torácio superior (consecuencia de la afectación de los musculos escalenos, con edema  y fibrosis circundante, pudiendo llegar a comprimir el plexo braquial)

Dificultad para tragar

Alteraciones visuales

Disfunción de la articulación temporomaxilar (ATM)[12]

Ansiedad

 

 Teniendo en cuenta estas situaciones clínicas el baremo debiera, al menos, contener un clasificación atendiendo a la ubicación topográfica de las lesiones: Sindrome cervical; S. Cervicobraquial; S. cervicomedular (con un alcance variable en el tiempo, pudiendo las manifestaciones ser leves o severas: tetraperesia, tetraplejia); S. cervico-cefálico (manifestaciones  cervicales junto a sintomas de tipo central con especial relevancia: dificultad para la  concentración, alteraciones de la memoria, manifestaciones vegetativas –náuseas, vómitos-, auditivas, de la visión, del equilibrio, etc.).

 Por otra parte especial atención merecen  las lesiones a nivel del sistema simpático, Síndrome simpático posterior,  cuya afectación, recuerda CAILLET,  pueden  ocurrir por irritación del simpático cervical posterior (C1, C2, por agresión simultánea de la raíz nerviosa a su paso por el agujero de conjunción, por compresión de la arteria  o por invasión de las venas basilares), cursando  con frecuencia con clínica de tipo auditivo (tinnitus, ocasionalmente sordera) y vértigos posturales, o bien de tipo ocular, como visión borrosa, dolor retrocular, dilatación pupilar del lado afecto; otras veces: hipoestesis corneal,. Miosis, rinorrea, sudoración, lacrimeo y fotofobia.

 

Pues bien, toda esta patología parece que ha de incluirse dentro del llamado

“síndrome post-traumático cervical”, para que esta previsto a modo de indemnización 1-8 puntos,  una limosna.

 

8.- Otras cuestiones no previstas en la Ley

Junto a las secuelas  “coexistentes”  no se pueden desconocer  las llamadas secuelas “acumulativas”, tanto que en su efecto funcional  las secuelas tomarán un carácter acumulativo, por un sinergismo negativo, o en decremento, “cuando afectan al mismo miembro, órgano, sistema funcional, o a diferentes sistemas con efectos mutuos” (MARANZANA), de tal forma que la merma funcional resultante sobrepasa una mera suma aritmética (por ejemplo, la compensación del déficit funcional toma un carácter acumulativo cuando coinciden en la misma extremidad determinadas lesiones en la rodilla y la articulación tibiotarsiana).

Respecto a la evolución de las secuelas en el tiempo, tampoco se aborda en la nueva Ley el  problema de las secuelas tardías, ni técnica ni jurídicamente. En algunos casos lesiones cervicales con ocasión de impactos automovilísticos, (wiplash, traumas por aceleración) se manifiestan al cabo de meses y aún de años, explicable por las reacciones irritativas y cicatriciales que se producen en la zona que ha  sufrido la acción traumática inicial, consecuencia a su vez de la progresión de los cambios biomecánicos que involucran a dicha región anatómica. [13]

En su momento se expresó la preocupación por el especial problema que suponen  los  traumatismos de cráneo, craneoencefálicos[14]. Y se decía: “en general cualquier traumatismo de cráneo que en principio pudiera parecer leve, aún sin pérdida de conciencia, puede traer no obstante graves consecuencias para el lesionado. De ahí que ante la incertidumbre del pronóstico se haya de marcar un seguimiento estrecho”;  “el problema toma mayor abundancia cuando se ha de abordar la vertiente de las secuelas tardías de tales lesiones craneanas, esto es, aquellas manifestaciones patológicas que surgen al cabo del tiempo, tras un aparente silencio orgánico, a veces después de varios años del hecho traumático inicial, brotando incluso de forma inesperada para el propio lesionado, puesto hasta ese momento, subjetivamente, se creía plenamente curado”;  “entre las manifestaciones de tan desfavorable evolución se encuentran las crisis convulsivas, la epilepsia postraumática, complicaciones vasculares, sin olvidar la hidrocefalia en sus diversas formas, siendo la más preocupante la “temible hidrocefalia normopresiva”, por su carácter solapado, que puede abocar, en su evolución lenta e insidiosa, a un cuadro de demencia, manifestándose muchos años después”.

 

Epílogo

La conciencia crítica, la dignidad ciudadana, obliga a “vivir en voz alta”. La respuesta no puede esperar.

La reforma operada en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a  Motor, para la nueva Clasificación y Valoración de las Secuelas, atenta contra la lógica y la racionalidad. Carece  de fundamentos técnicos. Prescinde de los elementales requisitos deseables en una Ley.  No  es  una norma jurídica de convivencia dirigida al bien común. Ofende  a las Justicia; insulta a la inteligencia de sus servidores.

Su texto destila maldad. Introduce la incertidumbre. Pone en peligro la seguridad jurídica. Permite desplegar artificios legales para el logro de fines pérfidos. Propicia la  trampa y la artimaña para perjudicar a los lesionados y víctimas de los accidentes  de tráfico. También ellos, ellas, alguna vez,  dada la coyuntura, habrán  querido sentirse americanos.

La misma reforma es al mismo tiempo  una burla y un escarnio para el ejercicio de la  profesión médica. Eticamente es reprobable. Resulta humillante pretender que el facultativo acomode sus actuaciones a un cauce tan estrecho como el propuesto por la Ley.  Los facultativos no pueden tolerar, en su dignidad profesional, que su ejercicio tenga que  doblegarse ante los criterios  e intereses de las entidades aseguradoras. Los mismos médico, otros también,  han de exigir y exigirse respeto.

Lejos de ser un sistema (“Sistema para la Valoración de Daños  y Perjuicios causados a las Personas en Accidentes de Circulación”) se perfila como un parapeto legal, de ambigüedad calculada,  que pudo contar con el servilismo de unos mandaderos,  para beneficio de las multinacionales del sector, con la aprobación de un  Gobierno,   publicado en su día  (05.11.03)  en el Boletín Oficial del Reino.

 Y seguimos así.

***

 

 © MR Jouvencel,  septiembre/2004

 


 


[1] esta labor de  maquillaje recuerda a cierta empresa de telecomunicaciones: bajan el precio de las llamadas menos frecuentes y suben el resto. Es es que lo importante es la cuenta de resultados.

 

[2] se estima que es mejor decir  severidad, que sirve para valorar médicamente la trascendencia de la lesión/secuelas, en cuanto pronóstico de órgano y de función; en cambio el término gravedad se proyecta más como pronóstico de vida.

[3] En esta web: Metodología para la valoración de la Incapacidad Laboral. Acercamiento Ergonómico. www.peritajemedicoforense.com.

 

[4] (4)  Puede consultarse en esta web el trabajo Una Ley que no protege a la infancia: el Baremo de la Ley 34/2003.   LAS SECUELAS EN LOS NIÑOS: UN SISTEMA DE “HORQUILLAS” QUE DEBE DE SER MODIFICADO   (marzo/2004). www.peritajemedicoforense.com.  En relación con ello, es interesante una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en la cual, en síntesis, se establece que el empeoramiento en la calidad de vida y el daño moral producido  por una enfermedad crónica  debe ser incluido en la cuantía final de la indemnización fijada. En este caso se trata de una condena al Ministerio de Sanidad, por el contagio de una hepatitis C en un niño. El alto Tribunal, con profundo criterio, razona que ha de tenerse en cuenta “que repercusiones va a tener en su vida académica, para su formación y posterior trayectoria profesional y familiar, y de que modo acortará su trayectoia vital”; valora también los perjuicios causados “en atención a la sustancial alteración de la vida y la convivencia derivada de los cuidados y atención continuada”. Por todo ello más del 50% de la indemnización establecida se establecen por tales conceptos, tanto que la lesión física no supone ni el 50% de dicho monto indemnizatorio. Por ello  “el fallo  indemniza con 30.050, 61 euros y con 50.075,90 euros a cada progenitor. Estas cantidades hay que sumarlas a los 94.533, 19 euros que le tribunal a concedido por el propio contagio, llegando a los 214.734,89 euros que debe abonar la Administración sanitaria”. En la misma línea el Tribunal Supremo, dos meses antes,  “una sentencia de la sala de lo  Contencioso Administrativo decidió aumentar la cuantía de dos indemnizaciones establecidas por la Audiencia Nacional porque el  Tribunal de instancia había tenido en cuenta los perjuicios de los daños morales, pero sin incluir los perjuicios derivados del deterioro de la calidad de vida de los pacientes”.  (Informaciones tomadas de Diario Médico, miércoles, 30 de junio/2004). En atención a lo que precede, cabe pensar que existen mecanismo juríridos de reclamación civil por daños y perjuciios  que no se aplican, o no se ejercitan, en toda su extensión en el caso de los accidentes de tráfico, más aún cuando se habla de una “reparación integral del daño”

[5] en el baremo actual, ley 34/2003, se ha suprimido el epígrafe correspondiente  al callo hipetrófico de clavícula.  No obstante es de esperar que la agilidad interpretativa de algunos resuelvan el problema  en determinados casos, remitiéndose al baremo de la Ley 30/95, en que si figura:  “callo hipertrófico” (2-3 puntos); “callo hipertrófico doloroso” (3-5 puntos).

[6] considerando la prolongación costal  de la viga vertebral como viga libre o en voladizo, cuando falla del triple apoyo vertebral, la vértebra se inclina hacia un lado y arrastra a sus prolongaciones mecánicas costales. Sobre esta  patogénesis lesional puede consultarse el trabajo Aproximación al estudio del raquis en situación normal y patológica. III. Comportamiento mecánico del raquis dorsal.  R. HERNANDEZ.  Revista Española  del Daño Corporal, Vol. IV, nº 7, primer semestre. Ediciones Díaz de Santos, SA., Madrid 1998. También esta web: www.peritajemedicoforense.com.

[7] Hay que advertir que si bien en ocasiones los términos  curación, estabilización lesional y consolidación  se hacen sinónimos, no siempre sucede así: “una fractura puede estar consolidada y el miembro todavía no haber recuperado sus funciones” (MUÑIZ, MUÑOZ), y es que en estos casos, como ejemplo, la lesión no puede  quedar circunscrita a la agresión primitiva “in situ”, al foco de fractura, y en consecuencia la consolidación lesional ha de traspasar tan exiguos límites, teniendo en cuenta, además,  otras implicaciones funcionales provocadas por el trauma (potenciación muscular, recuperación de la confianza y seguridad en el uso del miembro...), esto es, hasta la plena recuperación del enfermo. Y, en consecuencia, el periodo de Incapacidad Temporal ha de extenderse hasta ese momento.

[8] en esta misma página puede consultarse el trabajo Secuelas: ley 30/95. Rigor descriptivo de la secuela, sin subsumir  una categoría lesional en otra.   www.peritajemedicoforense.com

[9]En ocasiones lastima la sensibilidad ajena el lenguaje que algún facultativo se atreve a utilizar, irrespetuoso para el doliente género humano. Quizá tenga esto su origen en una fijación enfermiza, en un delirio persecutorio ante la obsesión por el “fraude de los lesionados” por accidente de tráfico, con el riesgo incluso de no prestar la suficiente atención y diligencia a la cuestión objeto de su estima: el correcto diagnóstico del enfermo. “Debe resarcirse todo el daño, pero sólo el causado” ha escrito algún que otro facultativo situado en la órbita “médico-legista”, aseveración esta que parece desconocer que para nada el médico debe de entrometerse en el monto indemnizatorio. Obviamente el médico no es un detective. E igualmente claro está que nadie le puede exigir, ni el aceptar, que se ocupe de funciones ajenas a su oficio. Al hilo de esta discusión resulta preocupante que se den situaciones como la que ahora se relata. En un Congreso Nacional del Daño Corporal (1999), dentro de la ponencias y comunicaciones presentadas, una de ellas tratando sobre la herniia discal incluía en un ode sus epígrafes el siguiente encabezamiento: “El resulatdo final: hernia discal versus el premio de la lotería”. Ante tal registro da la impresión que los  organizadores de esta congregación  de galenos  y simpatizantes, del ¡evento científico!, estuvieron poco atentos al decoro y a la ética para la ocasión.  Quiza esto también puede ser la prolongación de un adoctrinamiento bien extraño a la dignidad hipocrática, estimulado desde sectores interesados, satisfechos con la asistencia de polichinelas  y otros títeres; de los que van al encuentro de los siervos ideológicos de esta nueva cultura, de este “nuevo orden mundial”, tan peligroso para el mantenimiento de la imprescindible homoeostasis social. ¡Monstruos!

 

[10] Hay que recordar una vez más que las subluxaciones vertebrales a este nivel tienen gran interés en el terreno de la accidentología clínica, y, por otra parte, requieren una exploración radiológica específica (con pruebas  funcionales, que no se han de practicar antes de dos o tres semanas despues del accidente, por el riesgo que entrañan, y en su caso tambien es de interés la práctica del TAC para estudio  interapofisario)). La afectación interfacetaria con ocasión del whiplash es alta, tanto que LORD y colbs (1967) estimaron en un 50-60% .   Puede  consultarse en esta web el trabajo La exploración radiológica funcional en el esguince cervical por accidente de tráfico

[11]Texto  correspondiente a la contraportada del libro Latigazo cervical y colisiones a baja velocidad, Ediciones Díaz de Santos, Madrid, 2003.  También en esta web puede consultarse el trabajo  Latigazo cervical y colisiones a baja velocidad “La ausencia de daños en el vehículo no supone inexistencia de lesiones en los ocupantes” www.peritajemedicoforense.com.

 

[12] en esta web puede consultarse: Disfunción de la articulación temporamaxilar (ATM) y “whiplash”. Especial incidencia en el mecanismo. www.peritajemedicoforense.com.

[13] En la práctica clínica diaria se pueden ver pacientes jóvenes, a veces sin daños en los vehículos accidentados (recuérdese, una vez más, que “la ausencia de daños en el vehículo no supone inexistencia de lesiones”) con procesos cervicales  de repetición,  con antecedentes traumáticos por hechos del tráfico  (uno, dos años)  a los que en su momento, no pocas veces también,  se les practicó una exploración precaria, insuficiente

[14] Revista Española  del Daño Corporal, Editorial, nº 4. Ediciones Díaz de Santos, S.A., Madrid, 1996. En relación con los daños futuros, el empeoramiento progresivo y los perjuicios derivados del deterioro de la calidad de vida de los pacientes ver nota del epígrafe 6.1 (Informaciones tomadas de Diario Médico, miércoles, 30 de junio/2004)